Las dudas que más nos traen

Significa que un abogado especializado interviene en la operación desde el inicio y no solo al momento de firmar. En VATIA GROUP trabajamos en alianza con un estudio jurídico con más de veinte años de trayectoria en derecho inmobiliario: se estudian los títulos, se verifica la situación dominial y se revisan los contratos antes de que alguien entregue una seña.

Es el profesional habilitado legalmente para intermediar en operaciones inmobiliarias. La matrícula lo hace responsable por el asesoramiento que brinda y le exige verificar la titularidad y la situación jurídica del inmueble. En Mendoza, operar con un corredor matriculado es la única forma de que la intermediación tenga respaldo legal.

Depende de la zona, el tipo de propiedad y, sobre todo, del precio de salida. Una propiedad bien tasada y bien presentada se vende en un plazo razonable; una sobrevaluada se desgasta en el mercado y termina vendiéndose por debajo de su valor real. Por eso empezamos por la tasación y la estrategia de precio, no por la publicación.

Como mínimo: escritura o título de propiedad, planos aprobados, boletas de impuestos y servicios al día, y el informe de dominio actualizado. Si hay sucesión, condominio, usufructo o hipoteca, hace falta resolverlo o encuadrarlo antes de salir a la venta. Nosotros hacemos ese relevamiento al inicio, sin costo, para saber con qué contamos.

Es una figura jurídica en la que un fiduciario administra un patrimonio separado, afectado exclusivamente al proyecto. Conviene cuando varias personas aportan capital a un desarrollo, porque aísla los bienes del proyecto del patrimonio personal de las partes y fija por contrato cómo se aporta, cómo se decide y cómo se reparte.

Operamos en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, con oficina en Rivadavia 768, Ciudad de Mendoza. Para desarrollos y fideicomisos evaluamos proyectos en toda la provincia.

Se aplica el índice pactado en el contrato sobre el valor vigente, con la periodicidad acordada. Los índices más usados son el ICL del BCRA, el IPC del INDEC y la Casa Propia. Lo importante es que el contrato defina con precisión qué índice se usa, cada cuánto se ajusta y cómo se notifica: ahí es donde suelen originarse los conflictos.